El Pensamiento de la Revolución Nacional (3)

por el Dr. Antonio de Oliveira Salazar

CAPITULO II

Política de verdad
Política de sacrificio
Política Nacional

Este discurso fue pronunciado por el Dr. Oliveira Salazar, entonces sólo Ministro de Hacienda, para dar las gracias a los representantes de los Ayunta­mientos de Portugal, por la manifestación organi­zada en su honor el 21 de Octubre de 1929 a fin de expresar el reconocimento del País por la obra finan­ciera realizada. Discurso sereno y firme, de una magnífica since­ridad. El Or. Oliveira Salazar da al pueblo portugués la consigna del sacrificio, en que va a cimentar toda la obra administrativa, social y económica que es preciso realizar.

Pasa pronto el recuerdo de los hombres en la historia y en la memoria de los pueblos. Por otra parte, tampoco conviene políticamente identificar con una individualidad, por muy alta y poderosa que sea — ya que las circunstan­cias tantas veces obligan a sacrificarla — todo el futuro de una obra colectiva, máxime si la Nación ha adqurido ya la plena conciencia de su estado, y manifestado la firme voluntad de seguir las rutas de su destino. Por mi parte, estoy convencido de que la facilidad con que se han realizado ciertos actos y la rapidez con que se han obtenido determinados resultados, de­muestran que no he hecho más que traducir en hechos y en palabras, quizá con mayor preci­sión que otros, gracias a las condiciones espe­ciales de la posición en que me encuentro, las tendencias, las aspiraciones, el espíritu de re­novación y reforma del País. En un sistema de administración, en que predominaban la falta de sinceridad y claridad, afirmé desde el primer instante que se imponía una política de verdad. En un sistema de vida social en que sólo se admitían derechos, sin contrapartida de deberes, en el que la comodi­dad y la facilidad aparecían como la mejor regla de vida, anuncié, como condición necesa­ria de salvación, una política de sacrificio. En un Estado que habíamos dividido o dejado divi­dir en grupos irreductibles, amenazando el sen­tido y la fuerza de unidad de la Nación, sos­tuve, para combatir los daños y peligros que de ahí derivaban, la necesidad de una política na­cional.
Política de verdad, política de sacrificio, política nacional. He ahí lo que se ha hecho y lo que entiendo que apoyáis en vuestro mensaje. Si me lo permitís, sin embargo, voy a desar­rollar algo más nuestro común pensamiento.

Política de verdad

Al igual que la vida social, la política y la administración pública deben apoyarse en la verdad. Por temperamento, por convicción, por imperativo de mi conciencia, defiendo esta forma de dirigir y administrar. Sin embargo, la polí­tica de verdad impone a los gobernantes debe­res para con la Nación; impone deberes a la Nación para con los gobernantes; impone debe­res al legislador en la elaboración de las leyes y a los servicios en su forma de ejecución.

Los gobernantes para con la Nación

No se consideran las dictaduras como gobier­nos de opinión, porque no reciben de la opinión pública su fuerza o su razón de ser, ni obedecen en su evolución a las variaciones de aquella. Mas pueden y deben serlo en el sentido de for­marla, de esclarecerla, de orientarla debida­mente, de no ocultarle nada de lo que importa a la vida colectiva y a la solución de los pro­blemas nacionales. La Dictadura precisa menos que cualquier otro sistema de gobierno del en­gaño y la mentira. La mayor facilidad que tiene de disponer de la fuerza le obliga más imperiosamente a una perfecta sinceridad.
Por lo que directamente me atañe, creo que hemos vivido pocos períodos en que la adminis­tración de la hacienda pública haya sido se­guida por el País con tanta atención y asiduidad, en que se hayan dado a conocer tantos elemen­tos de estudio o se haya expuesto tan amplia­mente la finalidad que se procura alcanzar y los caminos por donde hemos de llegar a nues­tra regeneración financiera. Y si hay hechos perfectamente demostrados, uno de ellos es la extraña seducción que la claridad de las afir­maciones y de las cuentas produce sobre espíri­tus que estaban decepcionados por la mentira.

La Nación para con los gobernantes

Frente al Gobierno, la Nación tiene también el deber de decir la verdad.
En sus exposiciones, sus peticiones, sus re­clamaciones y sus quejas, la Nación tiene el deber de no ser exagerada o inexacta, de no abultar o generalizar los Casos individuales, confundiéndolos con los intereses colectivos, de dar la expresión exacta de los hechos que faci­lite a los gobernantes la solución de los proble mas. Por un acentuado defecto de nuestra edu­cación, tenemos escaso sentido de la objectividad, y nuestras tesis son más a menudo de­mostradas con argumentos deducidos por el raciocinio que con hechos extraídos de la reali­dad de la vida.
A cada paso hay que confrontar las afirma­ciones con los hechos, ya que no basamos en ellos nuestros juicios y no hay que olvidar que la Nación, cuando se lamenta de males que no existen, cuando no formula una declaración que se le pide y cuando se equivoca en los números que se le exigen, deja de colaborar con su Go­bierno y es directamente responsable de los errores cometidos y de la mala administración pública.

La verdad en la administrición pública

La misma preconizada política de verdad impone, frente a determinados problemas, acti­tudes mentales y morales bien definidas. La falta de coincidencia entre las instituciones y sus fines, entre la apariencia de los preceptos y su realidad profunda, entre la ley y su eje­cución, convierte la vida administrativa del País en una mentira colosal.
Si al lado de los sueldos establecemos un fondo de indemnizaciones, tenemos la mentira de las remuneraciones.
Si existe un número determinado de funcio narios para un trabajo, y parte de ellos están prácticamente separados del servicio en espera de una jubilación que no acaba de llegar, ten­dremos la mentira de las plantillas.
Si el funcionario tiene otras actividades di­ferentes de las de su empleo oficial, y no va a la oficina a la hora debida, y no trabaja con celo durante el tiempo de servicio, y las faltas no se comprueban, ni se juzgan, ni se castigan rápida­mente, tenemos la mentira de la disciplina.
Si al lado de la tarifa de un impuesto vemos media docena de tasas adicionales o de recargos del tipo impositivo, tenemos la mentira tribu­taria.
Si fijamos un plazo para el pago de las deu­das, y ese plazo es objeto de sucesivas prorro­gas, tenemos la mentira de los vencimientos.
Si hacemos un presupuesto nivelado, pero los ingresos han sido estimados en un rendimiento superior al real, y los gastos artificialmente reducidos por bajo del coste de los servicios, tenemos la mentira de la previsión.
Si realizamos gastos públicos fuera del pre­supuesto, y otros los enmascaramos o los paga­mos por medio de operaciones de tesorería, lle­garemos a amañar equilibrios o saldos, pero ten­dremos la mentira de las cuentas.
Si en las industrias del Estado no contabili­zamos los vencimientos a cargo de los gastos generales del Tesoro, ni los intereses de los capitales que les fueron cedidos, ni los impues tos que debían pagar y que no pagan, llegare­mos a las mentiras de contabilidad, y sobre ellas a la mentira del Estado industrial.
Si el Ejército no evita o no castiga el desor­den, si las escuelas no enseñan, si los tribuna­les no realizan un exacto enjuiciamiento de los hechos para la recta aplicación de la ley, ten­dremos la mentira de la fuerza publica, la mentira de la enseñanza, la mentira de la jus­ticia.
Y de todas estas mentiras, acumuladas, multiplicadas, enredadas unas en otras, nacen todas las deficiencias que el País sufre y que hay abso­luta necesidad de suprimir.
Una política de verdad nos impone la modi­ficación radical de tal estado de cosas, y para no salir del ámbito de las finanzas, ya han sido adoptadas muchas medidas que de una vez o por aproximaciones sucesivas, según es más conveniente, se inspiran en ese pensamiento o tienden a realizar ese objetivo. La reforma del presupuesto de ingresos, la reforma del presupuesto de gastos, la creación de la Inten­dencia de Presupuestos, la próxima modifica­ción de la contabilidad, la obra de actualiza­ción y perfeccionamiento de la estadística, que cuando esté concluida la consideraré como una de las mayores y más interesantes empresas de la Dictadura, la reforma tributaria en muchas de sus disposiciones, la simplificación de las for­malidades aduaneras, la reducción de las exen ciones, todo ello son medidas inspiradas en un mismo pensamiento fundamental. (1)
Pero más importante que la actividad legis­lativa es la firme decisión del espíritu de que en todo el conjunto de la administración, los actos, las decisiones, los organismos han de estar en consonancia con su fin y en exacta correspondencia con la realidad que represen­tan. Y si nos acordamos de que fuera del Es­tado, pared por medio de él, se desenvuelve la vida económica y financiera, por cuya regula­ridad y perfecta normalidad aquel debe velar, vemos cómo se ensancha el vasto campo de las reformas que debe emprender una política de sinceridad y de verdad.

(i) Todas estas reformas se han convertido hoy en fecundas realidades, especialmente el Instituto Nacional de Estatística, órgano fundamental del Nuevo Estado .

II

Política de sacrificio

Toda la administración financiera descansa en este doble equilibrio: el resultante de la dis­tribución de las cargas públicas entre la gene­ración presente y las generaciones futuras; y el dimanante de las restricciones impuestas a los rendimientos o riqueza en formación, y a los capitales o riqueza consolidada. El primero nace de la acción combinada del impuesto y del empréstito; el segundo surge de las imposicio­nes directas sobre las rentas y el consumo, y de las confiscaciones o minoraciones del capital, especialmente por la desvalorización moneta­ria.

Sacrificio de la generación presente

No hay regla fija, matemática, uniforme, para determinar la proporción en que debe acudirse al impuesto y al empréstito: eso de­pende en gran parte del punto del vista de loa gobernantes y de la virilidad de los pueblos. Mas al punto en que habían llegado las cosas en Portugal, nadie con sano criterio podría sos­tener que se siguiera usando y abusando del crédito para pagar gastos ordinarios, y no sólo por que, ya sobrepasada toda regla de razón y normalidad tal sistema no podría aplicarse más tiempo, sino también porque se hipoteca­rían a las necesidades del presente los rendi­mientos de las generaciones futuras, a las cua­les, tal vez para siempre, se cortaría toda posi­bilidad de realizar, conforme a las exigencias de su tiempo, las condiciones del progreso na­cional.
De este primer punto de vista resultaba que debía considerarse eliminada la apelación al crédito para todo lo que no fuesen obras de utilidad general para nosotros o para las generaciones venideras. Tenemos una deuda pú­blica que no puede considerarse grande y que absorbe un tanto por ciento no exagerado de nuestros ingresos, cuando la comparamos con las de otras naciones; pero el atraso de nuestro País es grande, y para colmar las lagunas de ese atraso es para lo que debemos guardar celo­samente toda nuestra reserva de crédito. Un mo­tivo más para que recaigan únicamente sobre la generación actual todas las cargas ordinarias de la administración pública.
La primera consecuencia de esta política de sacrificio, es que hay una generación — la nues­tra — sacrificada al porvenir de la Patria.

Sacrificios de los rendimientos y no de los capitales

¿Como obtener el segundo equilibrio entre los impuestos sobre los rendimientos y sobre los ca­pitales?
Cuando se observa el curso de los acontecimientos, sobre todo en los últimos diez años, se comprueba que el Estado tuvo la política, consciente o no, de ahorrar impuestos al pro­ductor portugués, mas como no hubo, simultá­neamente, la preocupación de reducir los gas­tos, y éstos tampoco podrían bajar de ciertos límites, se buscó la manera de confiscar los ca­pitales para cubrir lo que no podían dar los impuestos ni los empréstitos. Suman decenas y decenas de millones de libras esterlinas los capitales que en títulos de la deuda pública, en créditos particulares, en acciones y obligacio­nes de empresas, en prestaciones en dinero, en remuneraciones de servicios, en inmobilizaciones afectas a servicios particulares y públicos, fueron devorados por la desvalorización de la moneda, transferidos de unos poseedores a otros, y dilapidados con la ilusión de que eran rentas lo que de hecho era una parte importante del capi­tal nacional.
Si dividimos en dos grandes clases toda la población según su posición acreedora o deu­dora — de un lado los propietarios, los tene­dores de títulos, los capitalistas, los funciona­rios, los obreros (acreedores también por sus sueldos y sus jornales), y de otro el comercio, la industria, la agricultura, que, en general, trabajan a crédito, y son, por lo tanto, deudo­res— :si suponemos dividida la población en es­tos dos grupos, se comprobará que las sucesi­vas desvalorizaciones de la moneda benefician a un grupo y sobrecargan a otro: desgravan la pro­ducción y con ello la facilitan momentánea­mente, pero a la postre destruyen sus condicio­nes de desenvolvimiento y la capacidad consu­midora de sus mercados.
Con arreglo a este criterio era preciso no sacrificar más los capitales — base, factor del progreso económico futuro — y para salvarlos, imponer los sacrificios necesarios a todas las rentas de la Nación. De aquí un doble obje­tivo: asegurar todo lo más posible un valor estable a la moneda y sobre todo no permitir nuevas depreciaciones; y después elevar la tri­butación al nivel exigido por las necesidades reales del Estado. La política de sacrificio tiene, pues, este segundo significado: no sacri­ficar unas a otras las diferentes clases de la Nación, y sujetar a todas por igual a las res­tricciones exigidas por la salvación común.
Se comprende lo doloroso de tal política por sus repercusiones directas o indirectas en el cuerpo social: ni expoliaciones, ni especulacio­nes, ni facilidades, sino cada cual con sus car­gas pasadas, fijas ahora, y de cuantía sufi­ciente para lograr el equilibro de las cuentas públicas. En esta situación no había más que una salida: rígidas economías desde ahora, aumento de trabajo y producción en el porve­nir. El Estado da el ejemplo, e incluye las eco­nomías en el orden del día. La política de eco­nomías no es sino un aspecto de la misma polí­tica de sacrificio, economizar para que no se hagan insoportables las cargas de la Nación; economizar para que no se desperdicie el tra­bajo de los portugueses; economizar para que sea posible, sin nuevos esfuerzos tributarios, la mejora de los servicios públicos. Política de verdad, política de sacrificio.

III

Política nacional

¿Qué es esta política nacional? ¿Cual es su base?
¿Qué deberes impone a los gobernantes y a la Nación?

Actitud nacionalista de los gobernantes

La primera exigencia de la política nacional, así como el primer deber de los gobernantes, es el reconocimiento y el sentimiento profundo de la realidad objetiva de la Nación portuguesa en toda la extensión territorial de su Metró­poli, de sus Islas y de sus Colonias, en todo el conjunto de su población: realidad histórica y realidad social. A ella están incorporados y por ella viven los individuos, las familias, los organismos privados y públicos. Y para lograr la unidad resultante de su integración y de la honda armonía de sus intereses, aunque a ve­ces sean aparentemente contrarios, es preciso no separarlos u oponerlos, sino subordinar su actividad a los intereses colectivos. Nada con­tra la Nación, todo por la Nación.
Cuanto más profundo sea ese sentimiento de la realidad nacional, tanto más se impone el
desconocimiento de las facciones, de los parti­dos, de los grupos en que accidentalmente pue­den encuadarse los diferentes individuos. Si se desconocen, no hay política de partido, de facción, de grupo que tienda a confundirse con la política nacional o a crearle obstáculos. De aquí resultan dos bienes: para la Nación, ser objeto único de las preocupaciones guberna­tivas; para los gobernantes, la magnífica li­bertad de servir sólo a la Nación.

Actitud nacionalista de los gobernados

Se impone a los gobiernos una política na­cional ; pero en relación con ella , se impone también a los gobernados una actitud, un sen­timiento nacional con el deseo de trabajar por la Nación: la estima y el amor de todo lo que es portugués. La inteligencia, el trabajo, la economía, Jas finanzas tienen el deber de tener los ojos abiertos sobre el mundo, pero el cora­zón vuelto hacia Portugal, y así evitarán el desconocimiento de nuestras cosas y el menos­precio de nuestros mayores intereses. ¿Queréis dos pequeñas muestras de esta actitud en el campo económico? ¿Con quien comerciamos? ¿Donde colocamos nuestros capitales?
Hemos suprimido las restricciones del co­mercio internacional y puede decirse que no existe obstáculo alguno a la circulación de los productos. Es nuestro deber, como Estado que desea la más amplia colaboración en el con­cierto de las Naciones. Pero nuestro deber de portugueses sería, aún con un sacrificio pasa­jero, dar preferencia a los productos del tra­bajo nacional, preferencia que nunca podría ser criticada a un país que compra al extran­jero dos veces y media más de lo que le vende.
Vamos caminando hacia la libre circulación de los fondos públicos y privados, y sólo las exigencias de una situación que no se puede modificar completamente, nos imponen aún al­gunas restricciones. Es cosa excelente que un País tenga una sólida cartera de títulos extran­jeros, pero el exceso debilita en lugar de enri­quecer a la economía nacional, y nos obliga a preguntar por qué no otorgarán los portugueses a su País la confianza que aún hoy les inspiran los países extranjeros.
Debemos tener el espíritu amplio y el alma abierta a toda colaboración útil en el dominio internacional; pero vemos de tiempo en tiempo difundirse ideologías que pueden ser ingenuas, pero no inofensivas, y ante las cuales el robus­tecimiento de nuestro sentido nacional, sobre una política netamente nacional, puede evitar la ruina de los intereses vitales del País.

La Nación en el Estatuto Constitucional

Tiene la Dictadura la misión de dotar al País de un nuevo orden político .
Es el pensamiento y la necesidad de cuantos pueblos recurren a la dictadura como supremo remedio de grandes males.
Ante las ruinas morales y materiales acumu­ladas por el individualismo revolucionario; ante la noción del interés colectivo que el espectá­culo de estas ruinas ha despertado por todas partes en el espíritu de nuestro tiempo; ante las supremas necesidades de la Patria portu­guesa, la reorganización constitucional del Es­tado ha de basarse en un nacionalismo sólido, prudente, conciliador, que trate de asegurar la coexistencia y la actividad normal de todos los elementos naturales, tradicionales y progresi­vos de la sociedad. Entre ellos, debemos consi­derar especialmente la familia, la corporación moral y económica, la parroquia y el municipio. Creo que las garantías políticas de estos facto­res primarios deben tener su consagración en la Constitución Portuguesa, de modo que influyan directa o indirectamente en la formación de los cuerpos supremos del Estado. Solo así será éste la expresión jurídica de la Nación en la reali­dad de su vida colectiva.
Pero, mientras llega la oportunidad de la re­forma constitucional, no deben olvidar quienes ejercen el poder que la Dictadura no es un ré­gimen arbitrario, sino de fuerte, de honesta lega­lidad.
Política de verdad, política de sacrificio, polí­tica nacional. — La Dictadura ha puesto al ser vicio de este pensamiento todo lo que en ella es esencial- la concentración de poderes, la rapi­dez de movimientos, la seguridad de la fuerza. Y tan verdadera y oportuna es esa política y tan eficaz la actividad gubernativa, que los resultados obtenidos la defienden y el País la aplaude.¿Qué falta? Que aumenten e intensifiquen su acción y su influencia en todos los dominios de la vida social, y que bajo su inspiración pueda formarse un nuevo espíritu y una men­talidad nueva. Sólo de este modo se asegurará la continuidad de la obra que hay que realizar. Sin esa garantía, todo lo que se haga será casi por completo inútil.

IV

La reorganización financiera y económica

Al emplear el tiempo en hablaros del espíritu que informa nuestra administración, tuve el propósito deliberado de ahorraros los cálculos y números, enojosos como todos los discursos de los Ministros de Hacienda, y evitarme a mi mismo la repetición de un trabajo cuyas líneas fundamentales conocéis y aplaudís, y al que va­rios países extranjeros no han regateado alaban­zas.

Defensa del Presupuesto

Con el equilibrio del presupuesto, la seriedad en las cuentas, la probidad en los contratos y esa impresión de que el Estado debe portarse siempre como una persona de bien, se han asen­tado las sólidas bases de la reorganización fi­nanciera de Portugal, y sobre ellas se ha afir­mado el crédito público, aquí y fuera de aquí. Hemos realizado un esfuerzo análogo al de In­glaterra, Austria, Hungría, Checoeslovaquia, Alemania, Italia, Bélgica, Francia; en una pala­bra, semejante al de todos los países que han procurado levantarse de las ruinas causadas por la guerra; y Europa ha tenido que recono­cer que hemos procedido con verdadero he­roísmo.
Defender con solicitud y energía el presu­puesto, para asegurar la continuidad de la restauración financiera y el desenvolvimiento de la actividad económica, es y continúa siendo la primera necesidad, porque de otro modo se rompería el equilibrio fundamental y todo se desmoronaría. Es la posición que reciente­mente marcaba en Francia el señor Cheron, Ministro de Hacienda, para que pudiera conso­lidarse el equilibrio, por el que trabajó tanto y con tan brillante resultado el Gobierno Poin-caré. Hay que añadir que en Portugal, por no haberlo permitido aún las circunstancias, no se ha llevado a cabo la estabilización legal y defi nitiva de la moneda, ni la reforma del Banco emisor. Quiere ésto decir que más aún que en cualquiera otra nación en que el problema haya sido resuelto, estamos obligados a una defensa intransigente del equilibrio presupues­tario.
Esta idea, inspiradora de toda la reorganiza­ción, ha de estar muy presente en nuestro espí­ritu, para que no se despierten ilusiones incom­patibles con las grandes necesidades de la Patria, aunque pueda abrigarse la esperanza de futuros alivios. Estos serán tanto más seguros y más próximos cuanto más se apre­sure en todos sentidos, la reconstrucción ma­terial del País, tarea que el Gobierno reclama para sí, secundado por todos los demás elemen­tos de la Nación.
En varios Ministerios se trabaja ya en el plan de obras de fomento que es preciso reali­zar, y se estudia el concurso del Estado en aquellas ramas en que su asistencia se estima necesaria para vigorizar la economía nacional, en la metrópoli y en las colonias. Importa va­rios centenares de millones lo que hay que invertir en el plazo de seis a diez años que va a iniciarse. Las economías privadas tomarán sobre si una parte, la hacienda pública el resto, y todo ello se hará sin menosprecio de los prin­cipios fundamentales de nuestra administra­ción, siempre que no perdamos el sentido de la medida, no precipitemos la solución conjunta de los problemas más allá de nuestras posibili­dades, y continúe aplicándose el mismo proce­dimiento de dictadura financiera, con su uni­dad de plan y su rigidez de ejecución.

Dictadura financiera

No ha faltado a esta dictadura la confianza absoluta de la Nación. El honor corresponde a los Jefes de Gobierno, que no han tenido más política financiera que la de su Ministro de Hacienda; y también a los Ministros que han sacrificado a las supremas necesidades de la Patria sus puntos de vista personales, aún a costa de su legítimo orgullo.
Siento, casi como al principio de mi gestión, la fuerte presión de nuestros defectos administrativos, de nuestra prodigalidad, de nuestro placer de gastar, de nuestras aspiraciones des­medidas, del secreto deseo que abrigan los ser­vicios de sustraer los gastos a una fiscalización rigurosa. ¡ Ay de nosotros si creemos llegada la época de mayores facilidades, y si pensamos que es innecesaria la intransigencia con que se ha defendido el dinero del contribuyente por­tugués! La corriente represada, una vez roto el primer dique, derribará sin trabajo todos los obstáculos.